El drama se lleva cocinando desde el pasado verano, cuando la Casa Blanca vio que no iba a conseguir que el Congreso le aprobara el presupuesto federal de 2011. Desde el 1 de octubre, Washington lo fue prorrogando con partidas de gasto de emergencia, hasta que llegó un momento en el que hubo que llegar a un pacto para evitar un parón gubernamental, como en 1995 y 1996. Aquellos shutdown en tiempos del presidente Clinton se debieron a la falta de un presupuesto y no tanto a que no se hubiera aprobado el techo de deuda.
Ahora, la batalla por el presupuesto era el principio de otra más intensa que ha puesto en cuestión la capacidad de EE UU para pedir prestado y poder pagar así a tiempo sus facturas.
Desde la fundación de Estados Unidos hasta 1917, el Congreso tenía que aprobar individualmente cada emisión de deuda pública. Para facilitar la financiación de la participación de Estados Unidos en la I Guerra Mundial, el Congreso cambió este método por el de fijar un límite de emisiones. Desde 1979, este techo se ha fijado habitualmente de forma semiautomática en el momento de aprobar el Presupuesto (a menos que el Congreso se opusiese) o cada vez que ha hecho falta. El techo se ha elevado en 78 ocasiones desde 1960, incluyendo 18 bajo los mandatos de Ronald Reagan; 7, con George W. Bush, y 3, con Barack Obama. El actual presidente se opuso en 2006 a una de las elevaciones del techo de deuda con Bush que se aprobó en el Senado por solo 52 votos a 48.
En 1995, los republicanos, liderados por Newt Gingrich, se opusieron a elevar el techo de deuda y Estados Unidos tuvo que recurrir a tomar fondos prestados de fondos de pensiones públicos para evitar el impago. Pero entonces el déficit era mucho más bajo y Washington no necesitaba tanto como ahora apelar al endeudamiento para financiar su actividad una vez que se aprobase el presupuesto. También era más baja la deuda y hasta Newt Gingrich daba por hecho que no se llegaría a una situación límite que impidiese el pago de la deuda y de los intereses.
Pero la situación esta vez es distinta. El nivel de deuda ronda el 100% del PIB, buena parte del gasto federal se financia con deuda y Washington ha agotado ya prácticamente todas las fuentes alternativas de financiación. El rifirrafe político podría acabar con que la preciada AAA se esfume y, en el peor de los casos, que EE UU no pueda pagar sus deudas a tiempo.
Incluso en esa situación extrema, es diferente a la del parón de las actividades no esenciales del Gobierno federal por falta de presupuesto. Pero, como señalan los expertos, sirve de precedente para anticipar lo que puede pasar. Las agencias públicas pueden seguir operando y manteniendo a los empleados en nómina, con la promesa de que les pagará por su trabajo.
En una escenario de default, estarían en riesgo los más de 80 millones de cheques que salen al mes desde el Tesoro para pagar a veteranos, jubilados y a los que se benefician de la sanidad pública. En ese caso, como en el de shutdown, son la Casa Blanca y el Congreso los que deciden para quién habrá dinero disponible. Pero son aguas nunca navegadas, y en este momento nadie da garantías de pago. La esperanza es que se llegue a un acuerdo de último minuto que evite el peor escenario.
